EL AUDITOR DEL ESTADO EN SU LABERINTO: ENTORNO SOCIAL, ÉTICO Y POLÍTICO

Autores, Personajes o Entidades Citados o Referidos

Ortega y Gasset, Benito Suarez, Simón Bolivar, J.T Wells, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, MacKessonRobbins, BCCI, ENRON, WorldCom, Parlamat, Fininvest, Financial Times, Wall Sreet Journalil Cavaliere, Sarbanes-Oxley Act,  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), SEC, Harold Laswell, Emmanuel Buch, Michelle Cini, José Luis Aranguren, Contralor del Estado de  Israel, Friedrich  Nietzche Alejo J., Sison, GustavSchmoller, Wilhem Dilthey, Peter Koslowsky, Amitai Etzioni, E.P.hompson, J.P. Powelson, Ludwig Erhardt, XIX Conferencia de Contabilidad de Buenos Aires, Hans Küng, Cardenal Ratzinger, Aristóteles, Robert H. Montgomery,  Paul Grady, General Accountability Office (GAO), The Yellow Book

En el transcurso de este artículo se propone  presentar a debate el concepto que años ha, el insigne iniciador del movimiento filosófico conocido como Escuela de Madrid, Ortega y Gasset, denominó “la circunstancia”. Pero referida ésta a ese controvertido profesional en nuestros días, al que distinguimos como “auditor”. “Circunstancia”, del latín “circum stare”, lo que está alrededor mío, lo que me rodea. Es decir, nuestro “entorno,” nuestro “ambiente.” Y, por extensión, nuestras interacciones profesionales con ese entorno, sumergidos en ese ambiente, que nos impone obligaciones y nos crea compromisos. (1) Compromisos que, como argumentó el sociólogo Max Weber – referencia obligada cuando se trata de temas relacionados con la gestión pública – cuando son éticos y políticos, se enlazan adecuadamente entre sí sin mayor esfuerzo y sin recurrir a sus fundamentos racionales.

Pasemos a considerar cuáles son los compromisos y obligaciones del auditor en general y del auditor del Estado en particular, referidos a una circunstancia que, en perspectiva de lo que los filósofos alemanes denominan “weltanschaung”, o visión integradora del mundo y la vida humana se sitúan, en nuestro caso, en un universo cósmico enmarcados en una trilogía social, ética y política. Creemos  conveniente comenzar por definir algunos conceptos, que a veces los utilizamos sin detenernos a considerar su significado real ni técnico.

Sociedad y el nuevo concepto de “Auditoría Cívica”

En Sociología estudiamos, y los diccionarios nos lo precisan, que:

Sociedad es el conjunto de personas e instituciones que conviven y se relacionan unas con otras dentro de un mismo espacio y ámbito cultural, y actúan y colaboran en trabajos o fines comunes de la vida.

En sentido macro, la sociedad está representada por el conjunto de seres humanos y constituye la sociedad global; a nivel de países, conocemos a ese conjunto como sociedad civil.

Busquemos ahora el punto de contacto o nexo entre la sociedad civil y el moderno auditor del Estado. Profesional éste, cuyo “hábitat” consiste en (i) la fiscalización de los recursos públicos; (ii) el asesoramiento en gestión financiera y control a los Poderes del Estado; y (iii) la constatación ante terceros, incluida conspicuamente la sociedad civil del país, de que el Gobierno – en todos  sus niveles: central, regional y local o municipal – ha utilizado sabiamente los fondos de todos nosotros y logrado con integridad los resultados previstos.

Las sociedades democráticas están compuestas de ciudadanos. En cambio, eran súbditos los hombres y mujeres del ancienne régime  y lo son  quienes están sometidos, aún en nuestros días, a regímenes de fuerza o dictatoriales. Ser “ciudadano” es la sublimación del cives romanus sum, de la Roma del Imperio: “soy ciudadano romano”; pero no iure sanguinis, por derecho hereditario de sangre, sino iure libertatis: una ciudadanía basada en una libertad democrática, recibida por tradición o conquistada por la fuerza de los tiempos o las circunstancias. El súbdito no tiene derechos; ni los “derechos humanos,” panacea actual de políticos profesionales y otros de ocasión, ni de ninguna otra especie. Los ciudadanos, en cambio, sí tienen esos derechos; pero  están sometidos, igualmente, a ciertas obligaciones y responsabilidades que enmarcan la convivencia y relaciones entre ellos.

Es necesario que el auditor del Estado se percate de que uno de esos derechos de la sociedad civil – que, en realidad, conforma la “clientela” de los políticos en el poder – es solicitar, y obtener, información de sus gobernantes sobre qué han hecho, o están haciendo, con los fondos y recursos públicos que provienen del conjunto de los ciudadanos. Estamos frente al legendario concepto anglosajón de la accountability.  Podríamos definir este principio más o menos así:

La obligación, legal y moral, que en toda sociedad democrática tiene un Gobierno,  de informar a sus conciudadanos sobre qué ha hecho, o está haciendo, con  los recursos públicos que el pueblo puso a su disposición para que fuesen invertidos en beneficio de la ciudadanía, y no en provecho de los que gobiernan.

Es oportuno recordar, y conviene que los políticos y otros individuos ajenos a nuestro entorno -mayormente del mundo anglosajón – tomen conocimiento de ello, que ese concepto de “accountability”, tal como lo hemos definido, y que podemos denominar “principio de responsabilidad financiera y política”, no es nuevo ni para nosotros ni para los pueblos de nuestra estirpe. Mencionaré, únicamente, dos ejemplos.

Cuando en el primer tercio del Siglo XIX,  Benito Juárez, en medio de los avatares de la política de su México natal, se refería a que “los funcionarios públicos de la administración del Estado no pueden dejar de responder de las rentas sin responsabilidad”, demostraba conocer la teoría y praxis de la “accountability”. Y cuando el Libertador Simón Bolivar, en Venezuela, señaló de manera tajante ¡en 1814! que:

“La hacienda nacional no es de quien os gobierna“

estaba alertando a los ciudadanos de los países bolivarianos y, quiero suponer, a los de su entorno, de que debían exigir al Estado la práctica de la “accountability” Y adelantándose en casi doscientos años a la legislación de algunos países europeos, añadió a la frase anterior:

 “Todos aquéllos a quienes habéis hecho depositarios de vuestros intereses, deben  demostraros el uso que han hecho de ellos.”

Hace unos años comenzamos a modificar nuestra definición de “accountability” para incluir también como responsabilidad del Estado no sólo cómo utiliza el Gobierno los fondos públicos, sino que resultados se han obtenido con los recursos de la Nación utilizados. Y, añadiría ahora, la idoneidad del método y procesos empleados por los que mandan para medir e informar sobre tales resultados.

Hoy en día se admite, no sin  razón, que en una sociedad democrática, la ciudadanía y sus diversos sectores – empresas e instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, unos medios de comunicación independientes, libres y objetivamente críticos, y el “ciudadano de a pie” – constituyen los mejores fiscales de la actuación gubernamental. Todos estos segmentos de la sociedad tienen derecho a denunciar al Gobierno los potenciales desmanes de los servidores públicos. Tal vez los profesionales de la auditoría tendríamos que reconocer la incorporación de una nueva modalidad de fiscalización pública. Podríamos denominarla auditoría cívica.

Y cabe ahora preguntarnos:¿pero cómo se satisface la sociedad de que los dineros del Estado se han utilizado correctamente, y de que los resultados anunciados o publicitados – frecuentemente con oportunismo político- por las autoridades nacionales o regionales corresponden, con verdad y transparencia, a los previstos cuando se autorizó el uso de los recursos?

Aquí es donde encontramos el nexo, a que me refería anteriormente, entre el auditor del Estado y su compromiso con la sociedad. Es al auditor gubernamental a quien corresponde satisfacer los legítimos derechos y demandas de información sobre la utilización y resultados de los recursos del país o de la región. Recursos en su sentido macro y globalizante: financieros, físicos, humanos y medioambientales. Un compromiso con la sociedad que el auditor del Estado debe satisfacer de manera oportuna (no transcurridos dos o más años de haberse sucedido los hechos, como ocurre con frecuencia hasta en algunos países desarrollados) y, además de oportuna, de manera transparente y objetiva.

Necesitamos un tipo de auditoría o fiscalización pública -no importa cómo se denomine – que permita responder a las preguntas de los ciudadanos, que son los “clientes” de los que mandan, sobre si los recursos públicos se han utilizado, y están siendo utilizados, sabiamente, honradamente, y de acuerdo a las previsiones de costo y tiempo; y si el  gobierno obtuvo en la ejecución de su arquitectura presupuestaria, y en  los programas  y proyectos sociales, de obras de infraestructura y reformas institucionales y estructurales los resultados originalmente esperados. Porque  el Gobierno siempre obtiene resultados… pero no necesariamente los deseados ni los que había anunciado originalmente.

Como acabamos  de sugerir, no vamos a poner nombre ni calificativo alguno a este tipo de fiscalización. Durante la década de los 80 y principios de los 90, surgieron en los países adelantados en la materia, varias denominaciones de auditoría. Al llegar a este punto, invitamos a los lectores que ejerzan  sus funciones en órganos de control oficiales, a que comprueben por ellos mismos si los procedimientos de fiscalización que utilizan corrientemente, y la composición o “mezcla profesional»de los equipos técnicos de su organización, permiten a ésta testificar el cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la gestión pública de acuerdo a lo que acabamos de señalar y en los términos de su compromiso pactado democráticamente con la sociedad de su país.

Políticas de Auditoría y Auditorías Políticas en la sucesión democrática del traspaso del poder

Sabemos desde los tiempos de la antigua Grecia, que:

POLITICA es  el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados, Comunidades o Regiones y de los gobiernos locales. Por tanto, la actividad de las personas que gobiernan, o aspiran a regir, los asuntos públicos es, también, “política”.

Y como derivación de estos conceptos, podemos concluir que:

“política” es el conjunto de actividades relacionadas con el acceso a y mantenimiento en el poder y el gobierno.

No nos olvidemos, a los efectos de nuestro análisis, de esta pragmática conclusión. Pero aún existe un concepto adicional de política práctica que, junto a la lucha por el acceso al poder de los políticos profesionales, resulta capital en el desarrollo de las ideas que deseamos avanzar, y es de especial interés para el auditor del Estado:

“política” es, también, la actividad de los ciudadanos cuando intervienen en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo.

(Son también ciudadanos los que se abstienen de votar, como señal de protesta o de indignación con la  oferta  política, como lo han evidenciado, al escribir estas notas, miles de jóvenes en países del primer mundo, desilusionados de la tierra que los vió nacer y sin perspectivas de futuro).

Es en medio de estos dos polos, el de los políticos que luchan por alcanzar y mantenerse en el poder, y los ciudadanos, que deciden con su voto o ausencia de compromiso, quién los va a gobernar, donde debemos situar la frontera, la actuación y los compromisos del  auditor gubernamental.

Y finalmente recordemos, en el campo de las definiciones, que en materia de auditoría, bien privada, o en su entorno público, además de “política”, existen POLITICAS.

Por “políticas”, así en plural, entendemos en nuestro caso, las orientaciones o directrices que rigen la actuación profesional del auditor en la práctica de la auditoría, y la manera de conducir las actividades o de conducirse en ellas.

Tradicionalmente, la profesión de auditoría privada (ya nos referiremos luego a la pública), ha presumido de dictar sus propias normas de actuación, aduciendo que “el negocio de la auditoría es sólo de auditores” y que únicamente ellos establecen las normas y procedimientos de “su” profesión y los parámetros para la emisión de sus dictámenes. Así lo han defendido, a capa y espada, cuando no con altanería y hasta con arrogancia. (Nota A)

Sin embargo, este empecinamiento en mantener que ¨las políticas de auditoría las hacen los auditores”, en fragante desentendimiento del entorno de intereses y opiniones exógenas a la profesión, es decir, su clientela y demás usuarios del servicio, ha recibido, en décadas sucesivas, notables embates procedentes de frentes diversos.

Pongamos el caso, por ejemplo, en el campo internacional de desarrollo económico-social, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, D.C. El BID estableció su propia política de auditoria en la década de los 60, exigiendo de los auditores, a través de sus prestatarios, las condiciones para el examen independiente de los préstamos y créditos que otorgaba a los países y las condiciones que debían reunir los “informes de auditoría e información financiera” sobre la utilización de los financiamientos otorgados. (Nota B). Pues bien, fue necesario insistir enérgicamente ante las poderosas firmas de la auditoría mundial – que terminaron aceptando esta política a regañadientes y tras múltiples discusiones – que    el “informe breve” de la auditoría convencional, aun añadiendo unos datos contables insípidos  sobre el  proyecto financiado era, en verdad, demasiado breve para satisfacer las necesidades de información tanto del BID, como de sus prestatarios y respectivos Gobiernos.  Similar situación fue afrontada en la década de los 80 por los funcionarios responsables  de la vigilancia y control  de calidad de las auditorías externas de los créditos del Banco Mundial. (Nota C)

A través de las décadas del Siglo XX, y aún antes de esas fechas, 5 se han producido en el mundo empresarial y corporativo, multitud de casos de corrupción, fraude, falsificación de datos financieros, interpretaciones dolosas de la las leyes y otros desmanes contable-financieros tolerados por, cuando no en connivencia de, algunos auditores que no tuvieron inconveniente en acomodar sus políticas de trabajo a los intereses innobles de su poderosa clientela.

Al caso famoso de MacKesson Robbins, que muchos de nosotros estudiamos en las aulas universitarias como el revulsivo que forzó a la profesión a transformar en 1938 las políticas y procedimientos de auditoría de la época, sucedieron otros más, en las décadas siguientes, en el “sancta sanctorum“ de las grandes corporaciones y sus estamentos directivos. (2) Y así se llegó a la “madre de todos los fraudes” (en realidad, se trata de más de una madre, con el increíble y sonado caso del BCCI como antecesor notable)  de 2001 y 2002 : los tristemente celebérrimos casos de  Enron y WorldCom, acompañados de multitud de “hijos”- los más, americanos, pero también alguno europeo, como Parlamat, Fininvest, All Iberian y otros – cuyos desmanes han ocupado lugar prominente en los  medios y literatura profesional especializada de todo el  mundo.  (3)

Esta última perla europea de corrupción corporativa, además de los elementos de manipulaciones y falsificaciones contable-financieras de sus  congéneres americanos, añadía el feo ingrediente de ser corruptora de políticos “en ejercicio” del poder – y de otros futuribles y aspirantes al mismo – en el país sede, y aún en varios otros sudamericanos.

En efecto, parece ser que se ha convertido en una característica del Continente Europeo –  aunque no única, porque también se ha dado en todas las Américas – que en el “embroglio” ético-financiero-empresarial aparezcan implicadas actividades ilícitas de políticos democráticos de todas las tendencias. Caso notable a este respecto, es el de “il Cavaliere“, primer Ministro de un gran país europeo – en acelerado declive político, al escribir estas líneas – que se ha convertido en el paradigma de la corrupción  política y degradación personal, así como de la manipulación de las leyes nacionales y supranacionales, en connivencia con jueces también corruptos, de la clase en el poder.  (4)

Y debemos mencionar que en relación con esta situación, figura conspicuamente el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Estamos hablando de la “circunstancia y ambiente político” en que se desempeña el quehacer del auditor del Estado y está por tanto justificado que comentemos al respecto.

Los desmanes de la “ingeniería contable”, de la “contabilidad creativa”, de la “contabilidad agresiva” y demás  políticas    contable-financieras  rocambolescas – desconocidas todas ellas por los autores de los textos que, en nuestros días, estudiamos todos nosotros – sirvieron de disfraz progresista y novedoso a la pléyade de situaciones corporativas en América y Europa que, en buen romance, deben denominarse, simplemente, fraude y delincuencia financiera.

La connivencia activa con los defraudadores y ladrones corporativos, en unos casos; la tolerancia y “dolce far niente”, en otros; la negligencia e irresponsabilidad profesional, en la mayoría, que significó la inobservancia de normas y procedimientos establecidos y la quiebra de las políticas de auditoría auto impuestas por la propia profesión, puso ante la picota pública a la tradicionalmente honorable actividad del auditor. En efecto, sus más destacados representantes, con sus firmas y técnicos,  se unieron – en aislados, pero sonados casos – a la cohorte de ejecutivos de empresa procesados, juzgados y enviados a la cárcel (y todavía continúan pendientes más procesos….y los nuevos que se acumulan) incluyendo el caso, conspicuamente deplorable, de la caída y desaparición de la primera firma de auditores a nivel mundial.

Con estos antecedentes, la reflexión de que “no te puedes fiar de los auditores”, cruzó como un latigazo por la mente de los empresarios decentes y de unos ciudadanos, confundidos y perplejos, que no daban crédito a las noticias de fraude corporativo que se sucedían en los medios de comunicación amarillos y… “blancos”.

El aterrador panorama descrito representa apenas una instantánea de la quiebra de las políticas de auditoría – y de naturaleza ética, a la que nos referiremos más adelante – que se sucedieron en la “era de la burbuja” de los financieramente turbulentos años 90.

Proporciona, sin embargo, una moderada satisfacción señalar el hecho de que en más de un país desarrollado y, en particular los EE.UU., se lograra aprobar en su Parlamento, y  sacar adelante, una legislación antifraude de la trascendencia de la Sarbanes-Oxley Act (Public Accounting Reform and Investor Protection Act) de Agosto de 2002 (después de mil forcejeos en contra por parte del Ejecutivo, del gran mundo empresarial y, lamentamos decirlo, de la propia profesión organizada de auditoría antes, durante y después de la entrada en vigencia la Ley). Y, por supuesto, y esto es importante a los objetivos de este  ensayo, la Ley en cuestión introdujo un proceso, totalmente nuevo, para la emisión de normas de auditoría externa a través de una entidad independiente no federal y sin fines de lucro, la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) que, además de la emisión de normas de auditoría, debe regular la “industria” de la Contaduría Pública, y supervisar todas las auditorías externas de las empresas sujetas a la prestigiosa y estricta Comisión de Valores y Bolsas (SEC) americana.

Los auditores “independientes” perdieron así, a pesar de su cerrada protesta y objeciones durante la gestación de la Ley, la potestad de establecer sin competencia sus propias normas y políticas de auditoria y, de paso, quedaron excluidos de prestar servicios de auditoría interna (el controvertido y lucrativo “outsourcing” – recurrir a ayuda técnica o administrativa fuera de la propia empresa para realizar sus labores de auditoría interna)  que incluso habían llegado a influenciar en el último cambio de definición y concepto de la auditoría interna tradicional por el respectivo Instituto Internacional “global”. (Ver, en la Bibliografía del autor, “Ortodoxia y Heterodoxia…”)

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Hasta aquí, las consideraciones sobre políticas de auditoría en la esfera privada. ¿Qué podemos decir al respecto de las actividades de la auditoría gubernamental (que tanto tiene que aprender de la buena auditoría privada, a la que algunos llaman, maliciosamente, auditoría comercial¨)? En la práctica de los auditores del Estado, los objetivos y directrices vienen señalados por las leyes fundacionales de los organismos de control correspondientes. En ellas se indica la naturaleza del trabajo y el ámbito de actuación de la institución contralora; pero corresponde a ésta adoptar los procedimientos de fiscalización y auditoría a utilizar en cada caso y seleccionar independientemente las situaciones y entidades específicas a examinar dentro del amplio universo del sector público del Estado, tanto nacional como regional o, en su caso, de gobierno local.

Y es aquí,  donde hay que definir el compromiso político del auditor gubernamental. Podríamos resumirlo de esta manera:

El compromiso del auditor del Estado consiste en actuar consciente de su entorno político… pero sin someterse a él.

Anteriormente, hemos identificado la política con las actividades relacionadas con la lucha por el acceso al poder y al gobierno del país. Harold Laswell, profesor en sus días  de la Universidad de Chicago, notable estudioso de la conducta política y teórico de las comunicaciones, que se estudia en las clases de Ciencias Políticas, nos recuerda que:

“el estudio de la política es el estudio de la influencia y del influyente. La ciencia política establece las condiciones; la filosofía de la política justifica las preferencias”.

Y definía Laswell a los influyentes como “aquéllos que se llevan la mayor parte de lo que hay para llevar.” Es éste, colegas auditores, el caldo de cultivo político en que tenéis que desarrollar vuestro trabajo y… al mismo tiempo, sobrevivir. La información que proporciona el auditor del Estado debe ser la que corresponde a un juez competente, neutral y objetivo. Una auditoría que derivase en informes no sujetos a estas condiciones, se clasificaría de inmediato como una auditoría política. En otras oportunidades he definido la auditoría política, en cuanto concierne al Estado o a su Gobierno, como:

aquélla que es inspirada u ordenada, y con frecuencia, seleccionada y ejecutada, fundamentalmente por motivaciones políticas.

Es éste el caso, entre otros posibles, que con cronología  recurrente se observa en los países del primer mundo – en los otros, ni siquiera resulta imaginable – cuando en  la sucesión política democrática, unos se van y otros  llegan ( o aterrizan,  en paracaídas, o sin él). Los nuevos salvadores de la patria (“…¡ y ahora, nos toca a nosotros”!), amenazan con ordenar -¿a quién?- una “auditoría total” de cuanto Ministerio, Secretaría, empresa del Estado, institución pública, gobierno regional o local existe en el  país, y lo hacen  con pleno desconocimiento e ignorancia de lo que ese ejercicio  encierra de práctica regular de buen gobierno corporativo u oficial;  amenaza, por otra parte, que  se esgrime como “vendetta” política y arma arrojadiza  en manos de  políticos de profesión… pretendiendo actuar como auditores de profesión; es decir, sin el más mínimo conocimiento de qué es auditoría: su naturaleza, su alcance y contenido profesional, sus normas de actuación y   su finalidad informativa. Si lo tuvieran, sabrían que pensar en “auditorías totales” del universo estatal (es decir, la totalidad de las actividades y operaciones, registradas o no);   o demandar el descubrimiento – para exhibirlo como trofeo político – de todas las corruptelas y despilfarros, procedimientos dolosos o ilegales y “agujeros financieros” ocultos en los libros, archivos o “debajo de las alfombras”- si todavía quedan – de los diversos despachos oficiales de la anterior administración, ), es un disparate técnico que, de intentar realizarse, supondría un coste monumental para  el escuálido erario nacional heredado; y unos resultados que, ni por aproximación, se acercarían a las expectativas de los ingenuos políticos solicitantes, actuando como vendedores de ilusiones ante los no menos ilusos ciudadanos del país. No es esta la finalidad de la auditoría financiera profesional. Y sería difícil de imaginar que auditores de renombre estuvieren  dispuestos, éticamente, a aceptar este tipo de solicitudes y “encargos” (aunque es históricamente cierto que en más de una ocasión, y  en más de un país, se han identificado casos de firmas, cuya ambición, frivolidad e irresponsabilidad – en  deleznable mezcla de fama y dinero – les ha merecido, en circunstancias como de las que hablamos, el  dudoso prestigio de “los auditores de la  Administración”).

Por las razones descritas, y otras que omitimos, resulta realmente sorprendente, desconcertante, y hasta escalofriante -incluso para quienes no son, ni tienen por qué ser, peritos en la materia – escuchar por  boca de los próximos nuevos gobernantes  (con frecuencia coreados por fablistanes que campean en los corrillos mediáticos) en países de ambas orillas del Atlántico, la orden y exigencia de ejecutar, e incluir en su nueva agenda política, el tipo de “auditorías” de la naturaleza e intención que acabamos de describir; como si, por otra parte,  fuese una novedad  que se descubre   a la ciudadanía, lo que , en realidad es un instrumento de control, externo e interno, normal, continuo y obligatorio en la vida institucional de empresas privadas y púbicas: efectuar auditorias regulares que se debieron realizar dentro de las normas profesionales y legales ya establecidas. Ciertamente, parece necesaria y en ocasiones, urgente, la divulgación pedagógica de los objetivos y limitaciones de la auditoría profesional en el sector público entre los diferentes estamentos de la sociedad, labor para la que la actuación de “medios” serios, informados y responsables es, a todas luces, altamente deseable. (5)

Y si preferimos hablar en términos no de auditoría convencional, sino de fiscalización de recursos públicos, ¿dónde queda, en situaciones como las comentadas,  la responsabilidad de los Órganos Oficiales de Control – independientemente de cómo se denominen – de ámbito  nacional, regional y municipal? ¿Cuál ha sido el resultado de su seguimiento y supervisión, que se supone objetiva e imparcial, y que, a diferencia de las auditorías comerciales, se desarrolla continuamente sobre la ejecución presupuestaria y el gasto público?¿ Cuáles fueron los resultados de la fiscalización de gestión en las diversas dependencias del Estado y la administración en los tres niveles de gobierno, gestión  responsable de haberlas  colocado al borde de la “quiebra financiera”, según denuncia de los vencedores ( lanzada al circo de la opinión pública, mezcla ésta de juventud  desilusionada de las perspectivas que ofrece su país, y de masa adulta, frustrada con la sucesión y llegada de políticos ineptos y, frecuentemente,  ya corrompidos) con mayor o menor  fundamento, con mayor o menor frivolidad? ¿Qué seguimiento han efectuado las instituciones del Poder Judicial, de los casos de fraude, corrupción, despilfarro o gasto extravagante, detectadas en el transcurso ordinario de  las funciones de control oficial y, presumiblemente, informadas a tales  instancias judiciales?

En algunos países, tanto europeos como americanos, la selección del asunto o ente a auditar por el Órgano Oficial de Control es materia de acuerdo y decisión partidista, o se pacta entre los representantes de las distintas facciones y familias políticas, ¨colocadas¨-frecuentemente  en connivencia o por compadreo político- en los estamentos superiores de dichas instituciones fiscalizadoras. Y lo que resulta lamentable, el informe de auditoría respectivo, aunque haya sido elaborado con rigor técnico y objetivo por los auditores “de abajo”, es sometido a escrutinio político, ajustes cosméticos que lo desvirtúan, e incluso vetado, por “los de arriba”. Y no se crea que esta indignante situación es propia, únicamente, del “tercer mundo”; se da también, con frecuencia que da mucho que pensar y que preocupa a la sociedad civil y desmoraliza al técnico de control oficial competente y honesto, en países que se consideran desarrollados económica o profesionalmente.

Al ponderar este contexto político, no podemos ignorar, por otra parte, la reacción adversa, y hasta de persecución personal, que a veces se observa contra los órganos de control, sus honestos dirigentes o sus eficientes técnicos, por parte de algunos políticos y politicastros en el poder… o de los ya desposeídos del poder. Porque se dan casos en  que estos malandrines, en su ignorancia, siguen considerando al auditor público como un policía…; ¡pero un policía al que no pueden corromper!

Consideremos ahora el testimonio de un político ¨cazado¨ por la acción de un órgano oficial de control, y cómo es posible combinar el cinismo con la ignorancia:

“A mí me ha colocado el pueblo en esta posición como político de confianza, no como experto en contabilidad y finanzas.”

Y la prensa adicta, y el Partido, apoyan incondicionalmente esta desesperada autodefensa de un político en apuros, que se olvidó de que el pueblo lo había elegido no por político, sino porque creía, de buena fe, que estaba votando por un candidato – él y su equipo de trabajo – íntegro como persona y honrado como administrador.

Quisiera, con estos comentarios ser, además de justo, pragmático y realista. Tal vez resulte utópico creer que en determinadas situaciones el informe de auditoría del auditor del Estado deba ser “químicamente puro” desde una perspectiva política. En otra parte nos hemos referido a estas circunstancias como “auditorías exóticas”. Situémonos en el lugar de los responsables jerárquicos del ente contralor oficial:

• informes sobre los gastos reservados (que, por más reservados que sean, no pueden escapar de ser examinados por algún representante superior del órgano de control).
• informes sobre el  financiamiento de los partidos políticos al que nos hemos referido anteriormente – cuando esta auditoría es exigida por las leyes del país, que no siempre es el  caso – y que es particularmente susceptible de convertirse en auditoría política,  en manos de la oposición;
• informes que atañen a la seguridad del Estado, o a sus  relaciones o pactos internacionales;
• informes relacionados con los compromisos de carácter militar, y otros, que en estos momentos se  nos  escapa,

deben, sin duda, ser motivo de algún tipo de consideración política por parte de los directivos de los órganos de control. Se trata de un ejercicio que implica suprema prudencia profesional y conocimiento del medio y de las circunstancias específicas, y durante el que es necesario determinar qué debe revelarse por escrito y de que manera se presentarán las situaciones encontradas, sin ocultar los hechos ni desfigurar la verdad.

El compromiso político del auditor del Estado viene configurado, pues, por (i) la independencia, pericia e integridad de los auditores actuantes; (ii) la responsabilidad y mesura de los superiores jerárquicos de los órganos contralores, y (iii) los intereses de la sociedad que, en último término, son los de la nación.

Hacia una auditoría ética

Y llegamos al tercer grupo de compromisos del auditor gubernamental: el compromiso ético.

Entendemos por ETICA, dentro de su origen filológico heleno, y como parte conspicua de la Filosofía,

el conjunto de principios y reglas morales que rigen el comportamiento de las personas, y sus relaciones, en cualquier ámbito de la vida. La ética está empatada con la MORAL (del plural mores latino, del singular mos, traducción del éthos griego), que es el conjunto de normas que regulan, de manera normativa, el valor de las reglas de conducta humana y sus deberes, desde el punto de vista de la bondad o malicia.

“El objeto formal de la ética, señala el Profesor Emmanuel Buch, tiene que ver con el análisis del carácter, hábitos, acciones y actitudes humanas, en la perspectiva de su ´´deber ser´´, en su significación específicamente moral”.

En términos prácticos, podemos pues concordar con la experta en gobernabilidad ética y europea de la Universidad de Bristol., Michelle Cini, en que la ética está asociada con lo que es correcto y lo que es erróneo, con lo bueno y lo malo, con lo apropiado  y lo  inapropiado; comprendiendo así las normas de comportamiento que rigen la conducta de los individuos o grupos, y permitiéndoles dejarse guiar a través de  la “debida” conducta en sus deberes y obligaciones. Esta interpretación dela ética se refiere a la manera cómo debe vivir la gente  y a qué debe hacer la gente en situaciones puntuales; postura  que, para el individuo, significa que la ética puede llevarle a enfrentarse a situaciones en que deberá elegir entre varias opciones.

José Luis Aranguren, el notable filósofo contemporáneo, profesor de las Universidades de Madrid y de California, señala que:

“la ética ha adquirido hoy una trascendencia tal que se funde y confunde con la metafísica. Basta con reconocer las cosas tal como en realidad son para que la ética cobre ante nosotros toda la importancia que merece.”

Es conveniente que tengamos presente estos conceptos para situar en su justo contexto la actuación del sujeto que nos ocupa: el auditor del Estado. Si alguna profesión debe caracterizarse como ética, es la del auditor. No puede concebirse un auditor que no sea ético, una auditoría que no sea ética. La ética es, o debe ser, la virtud por antonomasia del auditor. Es esta la razón por la que los profesionales honrados de la auditoría en todo el mundo – que son la mayoría – han sufrido desgarradoramente la reciente actuación sin escrúpulos de algunos auditores externos del gran mundo empresarial, y han aplaudido sin reservas las contundentes medidas adoptadas por parte de Parlamentos de diversos países y de la sociedad civil afectada, contra la manera como se han llevado a cabo algunas auditorías en este colectivo de élite.

Para el auditor gubernamental moderno en un estado democrático, el compromiso implica, además, observar si la actuación de los administradores públicos se lleva a cabo de acuerdo a las normas morales que deben regular la actividad de un Estado de derecho; y si los actos de los servidores públicos y, particularmente, en los niveles de decisión, pueden considerarse éticamente aceptables.

No se alarme el colega lector. Estamos, simplemente, reintroduciendo el concepto de auditoría ética (sobre el cual desarrollamos una monografía hace  más de década y media).

Uno de los efectos negativos de la globalización consiste en que también ha globalizado la corrupción. Y este ambiente de corrupción generalizada nos está acercando peligrosa, pero inexorablemente, a la más irremediable de las quiebras: la quiebra ética.

La “auditoría ética” no sólo es posible, sino que representa, en esta “corrupción globalizada” en que vivimos, un instrumento de prevención y seguimiento de las irregularidades y actos deshonestos que pueden producirse en la administración pública, y contra los cuales se rebela la sociedad de todos los países.

Tal vez sea revelador, y probablemente desconocido para algunos, que los estatutos del órgano de control de, al menos, un país, el Estado de Israel, prevén:

• “El Contralor del Estado examinará… la integridad moral de los organismos inspeccionados.”
• “El  Contralor examinará… si las entidades inspeccionadas…han operado… de manera moralmente irreprochable”

La Ley Básica del Contralor del Estado de Israel indica el  procedimiento a  seguir en la eventualidad de que se detecte incumplimiento antiético, incluyendo la comunicación de estas situaciones a la Comisión de Auditoria del Parlamento. Y establece que, en el  Informe del Contralor, dirigido al Ministerio de Economía y al Presidente del Comité de Asuntos de Auditoría del Parlamento sobre el  resultado de las inspecciones de las entidades examinadas, se “especifique cualquier incumplimiento de las normas morales”.

¿Cuántos de nuestros países están preparados cultural, social, administrativa y políticamente, para adoptar en su legislación sobre control y fiscalización de los recursos del Estado, y en la práctica profesional de sus auditores públicos, las previsiones de carácter ético mencionadas?  (Nota D)

La evaluación ética, como componente de los nuevos modelos de control

No está de más recordar que los aspectos de integridad y moralidad forman parte de los enfoques modernos de evaluación de los sistemas de control surgidos en la década de los 90 y que son conocidos por el lector: el modelo americano COSO, que contó con buenos patrocinadores y mejor “marketing” desde un principio y ha sido ampliamente publicitado, traducido y difundido como el “modelo paradigmático de “control”, y de enseñanza y práctica cuasi-obligatoria en el mundo corporativo y aún en feudos gubernamentales; el menos nombrado y estudiado, pero excelente modelo canadiense del CoCo  (Criteria of Control Board¨, del Instituto Canadiense de Contadores del Públicos), probablemente el más adelantado de todos; y los informes sobre la materia y asuntos conexos, como los Códigos de Buen Gobierno, que siguieron en otros países: Cadbury, Greenbury, Hampel, Tumbull, etc. en la Gran Bretaña; Olivencia  y Conthe en España; Vienot, en Francia, etc. Sin contar el más influyente y exigente de  todos, el de la Sarbanes-Oxly Act a que nos referimos más arriba,  cuyas estrictas    prescripciones continúan sometidas a un proceso de “ablandamiento” bajo presión del “establishment” corporativo, profesional y aún oficial.

Podemos pues asegurar a los compañeros auditores, que no se concibe hoy en día un auditor que presuma de estar actualizado, sobre todo si es un auditor gubernamental, que no incluya en sus programas de evaluación de los sistemas de control del Ministerio o Secretaría, instituto autónomo, empresa pública, programa o proyecto en que se utilicen fondos del Estado, que no tome en cuenta, repetimos, en su examen, la observancia ética por parte del servidor y directivo público, los máximos dirigentes y los Consejos de Administración o Juntas Directivas de tales organismos.

Viene aquí a propósito la aguda observación de Aranguren:

“La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política, cuando se ha obtenido el poder.”

No se le escapa al lector la dificultad de identificar y codificar ¨normas éticas¨ que sirvan de guía al auditor gubernamental para evaluar la actuación de los directivos y funcionarios del Estado. Y aquéllas que, como dijimos anteriormente, regulan las relaciones y conductas humanas y permitirían al auditor calificar los actos de ese colectivo gubernamental como buenos y malos. Podemos recordar aquí a Friedrich  Nietzche, de brillante inteligencia y trágica vida, terminada el último año del siglo XIX. Para el filósofo alemán hay que estar “más allá del bien y del mal; pero no más allá de lo bueno y lo malo”. Aplicada esta aseveración al trabajo del auditor del Estado, los Ministerios o Secretarías del Gobierno, los entes gubernamentales y los directivos y uncionarios respectivos deben actuar éticamente en el curso rutinario de sus labores y adopción de decisiones, no sólo referirse a la ética como mero planteamiento filosófico  o “de cumplido”.

La Síntesis Ético-económico-política: hacia una “Ética Mundial”

La Ética, profesional de la auditoría que lee estas líneas, no es solamente objeto de evaluación  en los exámenes de los auditores del Estado. Sus principios se aplican también a otras disciplinas.

El distinguido profesor de la Universidad de Navarra, Alejo J. Sison, buceando en aguas  de la filosofía de la economía contemporánea, encuentra diversos intentos de síntesis ético-económico-políticas: un “mix” de la economía del bienestar, la  economía positiva y una ética con incrustaciones aristotélicas, desarrollada en la década de los 80  por el  profesor indio de Cambridge, y Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen., ideas que son el germen de la economía ética. Paralelamente surge  el  concepto  de socioeconomía, novedad intelectual derivada de una dimensión moral  y presentada como  nuevo paradigma económico alternativo, por el  sociólogo de la George Washington University,  Amitai Ettzioni 6  a fines de  la década  de los 80. Recordemos que, al comienzo de este trabajo, nos referíamos a las obligaciones y compromisos del  auditor público en un estado democrático, de derecho. Etzitioni  se enfrenta al individualismo, característico de la sociedad norteamericana, que exige derechos pero es escaso en compromisos de deberes, que son los que prestan dimensión  social a la democracia. (7)

En materia de innovaciones, la que tal vez haya provocado mayor interés haya sido la Escuela Histórica alemana (Gustav Schmoller, Wilhem  Dilthey, etc.), antecesora  de la economía ética de Peter Koslowski, introducida desde su Instituto en Hannover (Alemania). Interpretando  al profesor alemán, A. J.  Sison apunta que “la ética es relevante para la economía en la medida que le proporciona los fines y las preferencias tanto individuales como sociales, al igual que una valoración de los medios o las acciones para alcanzarlos. En sentido inverso, la ética es relativa a la economía en cuanto que, sean cuales sean estos fines, siempre tendrán una dimensión política, cultural e histórica”. (Subrayado nuestro)

Estamos buscando las relaciones deontológicas entre la auditoría, en su dimensión de sector público, y otras disciplinas  emparentadas. Un concepto paralelo al que nos acabamos de referir, es el  de la economía moral, basada en la bondad, la justicia y la equidad, (8)  que encontramos entre otros, en  E. P.Thompson  ( profesor e historiador  marxista y exponente del “socialismo humanista” entre las décadas 50-80)  y, más específicamente,  J.P.Powelson. Este concepto de “economía” –  un balance entre el intervencionismo  y el “libertarianismo” 9 tiene que ver con la reducción de las prácticas corruptas,  particularmente por parte del Estado  (aspecto que contemplamos en nuestro concepto de “auditoría ética”), la transparencia en las relaciones comerciales, niveles salariales justos y respetuosos de  la productividad, la preservación  y protección del medio ambiente, sistemas sanitarios y de salud al alcance de todos aspectos estos últimos  considerados en nuestra idea de “auditoría social”), eliminación  de prejuicios raciales y de género, planes de retiro y jubilación  dignos, etc. (10)

La Ética y la Moral, cuestión de soberanía

Desde la perspectiva de este autor, la ética  en su proyección antropológica, está ligada también al comportamiento de la sociedad del país en general y a sus genuinos sentimientos y valores nacionales, materia que no puede ser extraña, ni mucho menos, ignorada, por los modernos Auditores del Estado. En septiembre de 2005, la prensa mundial se hacía eco, en todos los idiomas, del encuentro amistoso entre dos colosos intelectuales de nuestros días, antiguos amigos, pero con profundas discrepancias en materia de cuestiones doctrinales: el teólogo disidente Hans Küng y el,  entonces, Cardenal Ratzinger. El primero presentó a su amigo, y ambos  concurrieron, la cuestión de Weltethos, es decir una ética mundial, una ética global  que resalta los valores morales sobre los que convergen la mayoría de los creyentes.

Hace ahora veinte años, en octubre de 1991, presentábamos en la XIX Conferencia Interamericana de Contabilidad de Buenos Aires, una ponencia  de la que extraemos las siguientes ideas, cuyo contenido sigue siendo de actualidad:

• La honestidad e integridad nacional, individual y colectiva, es la piedra angular de la soberanía de un país.
• El verdadero fundamento de la lucha contra las lacras morales en las que se asienta la práctica de la corrupción y el fraude está en la aceptación y práctica, a nivel individual, familiar y ciudadano, de las normas éticas que, en el Occidente, al menos, nos vienen de las tres grandes religiones monoteísta.
• Hay que inculcar en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, lo que podríamos denominar, parafraseando a Aristóteles, el hábito de la excelencia. Para el autor de las Categorías, la Ética y la Política, la excelencia no consiste en un hecho aislado. Las virtudes son hechos que se crean mediante la repetición frecuente de actos virtuosos.
• Hay que recalcar a nuestros hijos, colegas auditores, que ser íntegro es pertenecer a un cuerpo de élite moral; que lograr fortuna material solamente con trabajo honrado, empresa difícil es; que ser honesto… cuesta. Y debemos incluso proyectar en ellos un sentido senequista, estoico de la vida: ser íntegro, ser honrado, ser honesto en la sociedad política contemporánea es, frecuentemente, arriesgado, incluso a veces, es colocar en situación de peligro la vida misma.
• Si no logramos constituir familias éticas, no conformaremos nunca sociedades éticas, ni países de ciudadanos éticos.
• El fundamento de la soberanía de la Patria, pasa por asegurar la existencia de familias honradas.
• Hay que enseñar, en fin, a nuestros hijos, que ser íntegros es una noble manera de defender la soberanía nacional.
• Un país de corruptos no puede ser un país soberano.

La auditoría ética del sector público que estamos propiciando como compromiso del auditor gubernamental, adicional a sus compromisos sociales y políticos, resultaría más factible y aceptable cuando la clase dirigente de nuestros países, a nivel de los tres Poderes, decida volver a los viejos valores nacionales de nuestros respectivos pueblos, valores que, infortunadamente, se están diluyendo entre los avatares sociales y políticos de nuestros días.

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Muestra de Material de Referencia

Aranguren, José Luís:
Ética
Biblioteca Nueva S.L, Madrid, 1997

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA):
La Toma de Decisiones en la Empresa
No.14, junio 2002, Madrid.

Emmanuel Buch:
Ética Bíblica
Ediciones Nou Front, 2010 Tarragona, España.

Coopers & Lybrand:
Montgomery’s Auditing Twelfth
Ed. John Wiley& Sons, New York, 1998.

Franzel, Jeanette, Buchanan, Marcia and Hatterí, Maxine:
The Yellow Book-What You Need to Know About the 2007 Revision of Government Auditing Standards
Government Finance Review, April, 2007, Washington, D.C.

Foundation Global Ethic:
Declaration toward a Global Ethic
Parliament of the World’s Religions, Chicago, September 1993.

General Accountability Office (GAO):
The Yellow Book
2007 edition, GAO, Washington, D.C.
Government Auditing Standards, 2010 Exposure Draft (discussed by the Advisory Council on Government on May 11, 2011).

Gilbane Report Blog:
PCAOB Clarifier SOX Compliance Rules
May 17, 2005.

Goelzer, Daniel (PCAOB member):
Restoring Public Confidence
An address to the Investment Company Institute, 2003 Tax & Accounting Conference, Like Buena Vista, FL, September 15, 2003.

González-Malaxetxebarria, Ángel:
Auditoría y Responsabilidad Financiera para el Sector Público – La “Auditoría de la Liberación“ para unos “Auditores sin Fronteras”
Presentada en la XVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, Asunción de Paraguay, septiembre de 1989.

Fraude, Corrupción y Despilfarro: Una Epidemia sin Fronteras
Ponencia Magistral presentada en la XIX Conferencia Interamericana de Contabilidad de Buenos Aires, Argentina, octubre 1991.

Reinventando a Auditoria Pública: a Nova Fronteira do Auditor de Estado no Novo Milenio
Conferencia apresentada em Salvador, Bahía, por ocasião do 80 Aniversario da fundacaao do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 1995.

El Auditor ante las Expectativas de la Sociedad Civil
Conferencia magistral presentada en el Seminario Regional Interamericano de Contabilidad en Arequipa, Perú, 31 de octubre / 1 de noviembre, 1996.

La Auditoría que Viene – Problemática y Praxis de los Servicios de Auditoría al Comienzo del Nuevo Milenio
Serie de Conferencias Magistrales, Seminarios o Cursos de capacitación o divulgación sobre Auditoría Moderna y su Entorno de Gobernabilidad y Gestión Financiera. Washington, DC, 1992-1998.

Por quién Doblan las Campanas en el Santuario Medioambiental – El Papel de un Estado Moderno y de un Organismo Superior de Control Futurista en un Marco de Desarrollo Sustentable
Conferencia magistral presentada con ocasión del Septuagésimo Segundo Aniversario de la Contraloría General del Estado. Quito, Ecuador, 1999.

Fundamentos para una Auditoría Ética en un Entorno de Fraude y Corrupción
Conferencia Magistral presentada en el Seminario Regional Interamericano de Contabilidad, conmemorando el 40 Aniversario de la Fundación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, Managua, abril 1999.

Políticas de Auditoría y Auditorías Políticas
Artículo para “Auditoría Pública”, Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo de España. Preparado en Washington, D.C., Julio 1999.

Building the Foundations for Ethical Audits- A Moral Framework for Corporate Behaviour: Governance, the Control System and the Role of Directors
Monografía presentada a nivel internacional. Washington D C. 1995 & 1999

Los Neologismos de la Corrupción Gubernamental y la Salvaguardia de los Fondos Públicos para el Desarrollo: de la Utopía al Pragmatismo en el Seguimiento del Financiamiento Multilateral
Artículo para la Revista Probidad, de San Salvador, Centro América, preparado en Washington, D.C., sept.-oct., 2000.

Los Compromisos del Auditor Público en un Estado Democrático
Conferencia Magistral presentada en la V Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental-ASOFIS, en Villahermosa, Tabasco, México, 6-9 de noviembre de 2002

Sociedade, Etica e Politica – Fronteira e Compromiso do Auditor Publico em um Estado Democratico
Conferencia Magistral apresentada no Congreso Internacional de Controle Interno, por ocasiao do 90 Aniversario da fundacao do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Salvador, Bahia, 7-8 novembro de 2005.

Fraude y Corrupción: Tema Eterno y Epidemia sin Fronteras
Conferencia pronunciada ante la “Sociedad de Amigos de la Universidad de Alcalá”, en el Colegio de San Ildefonso, Universidad de Alcalá de Henares, España, abril de 2007

Ortodoxia y Heterodoxia en el Desarrollo de la Auditoría Interna de Gestión
Artículo monográfico elaborado a solicitud del Instituto Mexicano de Auditores Internos, ara su publicación como parte del volumen conmemorativo de los 25 años de su Fundación. Washington, D.C., Miami FL, Alcalá de Henares (Madrid), abril de 2010

Prólogo y Epílogo de la Fiscalización de los Recursos Públicos en un Estado Democrático que Busca ser Moderno
Ponencia Magistral presentada en el Aula Magna de la Universidad de Buenos Aires, en la sesión de cierre del Primer Congreso Internacional de Control de la Gestión Pública”, celebrado en Buenos  Aires, Argentina, 3 y 4 de noviembre de 2010

Grady, Paul:
Audit Procedures
Price Waterhouse, New York, 1936

Hauk A.M. and The Theory of Ethical Economy in the Historical Koslowsky, Peter School: Wilhelm Roscher, Lorenz von Stein, Gustav Schomoller, Wilhem Dilthey and Contemporary Theory (Studies in Economic Ethics and Philosophy) Springer Publishing Co., New York N.Y., 1997

Koslowski, Peter:
Ethical Economy as Synthesis of Economic and Ethical Theory – Ethics in Economics, Business and Economic Policy
Berlin, Springer Verlag, 1991

Laswell, Harold:
Politics – Who Gets What, When, How
Whittlesey House, Mc GrowHill, Inc, New York, 1936

Noya Miranda, Fco. Javier:
¿Una Economía Moral Internacional? Elías Polanyi y la Legitimación de la Ciudadanía Social Europea
Artículo en “Reis”, Revista Española de Investigación Social, No. 65- 1994

Powelson, John:
The Moral Economy
University of Michigan, 1998

Thompson, E. P,:
The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century
Conference organized by the Department of  History, State University, New York, 1966

Weber, Max:
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
Published originally in 1905(English translation by Talcott Parson, London & Boston,1930)

Wells, Joseph T:
The Frakesteins of Fraud
The Association of Certified Fraud Examiners- Obsidian Publishers Company, Texas, 2000

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Notas Numéricas

 1. El tema de este artículo, así como los sub-temas con él interrelacionados, ha sido tratado por el autor durante las últimas décadas en diversos escenarios internacionales. Una muestra de ellos se expone en la Bibliografía, quedando el lector en libertad de solicitar el material específico que le pueda interesar.

2. Ver en The Frakensteins of Fraud, de J. T. Wells, las historias de los mayores falsificadores y de los peores monstruos del capitalismo del Siglo XX: Charles Ponzi, Cassie Chadwick, Ivar Kreuger, Philip Musica (el  “médico” F. Donald Coster,  de MacKesson Robbins); Robert Vesco; Stanley Goldblum; John Bennet,”Crazy Eddie” Antar, Mark Whitacre, Michael Milkem.  Buen “calentamiento” antes de abordar los casos “contemporáneos” de Enron, WorldCom, Adelphia, Xeros, Merry Linch, Parmalat, Fininvest, Tycon International, Fannie Mae, Siemens, Marta Stewart…

3. Los principales diarios de todos los países europeos y americanos, y la prensa especializada, como el  Financial Times, de Londres, y el Wall Street Journal, de Nueva York, cubrieron  desde el  2001 – y siguen cubriendo ampliamente – la sucesión de detalles sobre estos escándalos financieros. La publicación oportunista y mercantilista de libros y artículos referentes al caso ENRON – y otros escándalos financieros – sin nuevos aportes de información, comienza ya a ser asfixiante.

4. El Financial Times, de Londres, y la prensa italiana y europea del 27 de septiembre de 2005, y en sucesivas entregas hasta nuestros días, se hicieron amplio eco de este personaje, por tratarse, suponemos, del Primer Ministro de un Estado miembro de la Unión Europea.

5. Permítasenos añadir, no sin un quantum de cinismo realista, que los nuevos administradores recién  llegados en aras de la alternancia política democrática, no se encuentran en estos momentos mentalmente preparados para pensar que vendrá, irremisiblemente, el día en que serán sometidos a similar escrutinio por el microscopio político, esta vez a manos de  los nuevos vencedores; es decir, por los que ahora se encogen, se esconden y buscan “evaporarse” por todos los medios, hasta que escampe el chaparrón electoral y amaine el temporal que les permita reconstituirse,  previa la obligatoria catarsis de la dirigencia perdedora. Y, a todas éstas, ¿dónde queda, quién se acuerda del ciudadano común, el humo quolunque votante y expectante? Pues asistirá, decepcionado o ilusionado, según los casos, pero  siempre  caldeado por lo que ve, oye y comenta, a la situación de emergencia por la que pasa su país,  resignado a  seguir engañándose así mismo, mientras se imagina  que, tal vez “en la próxima “ le llegue , de verdad, el Mesías de la redención.

6. Alemán de origen, nacido como Werner Falk, y emigrado a principios de la década de los 30 a Palestina, donde cambió su nombre original al hebreo Amitai Etzioni. Participó activamente en la creación del Estado de Israel.

7. No es relevante al tema, pero en esta relación de tendencias económicas con ingredientes éticos, justo es mencionar a uno de los “darling” de los especialistas en desarrollo económico: Ludwig Erhardt. El Canciller alemán y artífice de la reconstrucción de su país después de la guerra, es el  principal  formulador teórico de la economía social de mercado (un sistema de libre mercado mundial  conscientemente pensado, deliberado y diseñado).

8. La “auditoria de la equidad” es una de las que incluimos generalmente  en el grupo de “las otras auditorías.” Podríamos también referirnos a la  “economía moral internacional” relacionada con el nacimiento y desarrollo de los Estados de Bienestar nacionales (y, concretamente, de la llamada Europa Social). ¿Podrían los principios de esta “economía moral” ser utilizados como parámetros en el desarrollo de una “macroauditoría ética” de las estructuras y actividades del Estado.

9. No existe el  término en el  Diccionario y lo tomamos del inglés “libertarian” y  “libertarianism”. El  Diccionario define, sin embargo,  “libertario”, en el  ideario anarquista, como aquél que defiende la libertad absoluta  y, por lo tanto, la supresión de todo gobierno.

10. No podemos dejar de referirnos, en este intento de parentescos éticos interdisciplinarios, a la que podríamos denominar ética medioambiental, que ha dado lugar al nuevo concepto de sostenibilidad que se ha ido perfilando también filosóficamente en las últimas décadas.

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Notas  Literales

Nota A

Sobre todo cuando las “normas de auditoría e información”- fundamento de las políticas de auditoría – establecidas en las Company Acts de 1845 y 1862 en la Gran Bretaña, pasaron por la experiencia de la“americanización” al atravesar el Atlántico  y prestaron, a fines del Siglo XIX, las bases teóricas de la futura gran práctica de la auditoría en los EE UU. Poco después de las mencionadas leyes británicas, H.J. Mettenheim publicaba en los EE UU, en 1869, un folleto de 16 páginas titulado Auditor´s Guide; y G.P. Creer hacía lo propio con Science of Accounts, en 1882. Pero el que podría considerarse como el primer texto sobre auditoría en lengua inglesa, fue publicado en 1892 en Inglaterra bajo el título de Auditing: A Practical Manual for Auditors, de Lawrence R. Dickens. Entre tanto, el hombre-leyenda de la profesión de auditor en los EE UU, Robert H. Montgomery, intentó cubrir el vacío de literatura  organizada de auditoría en ese país y editó en 1905 y 1909 (la primera legislación reguladora de la profesión de auditor en los EE UU había sido aprobada en 1896), las versiones americanas de la obra de  Dicksee. Consciente de las diferencias en la práctica de la auditoría que comenzaban a aflorar entre Inglaterra y los EE UU, Montgomery escribió el primer libro norteamericano sobre la materia en 1912, bajo el título Auditing: Theory and Practice. Con el  transcurso de los años y sucesivas ediciones, la incorporación de nuevos autores y el cambio de título a Montgomery´s Auditing, esta obra llegó a convertirse, hasta nuestros días – y no sólo en el  mundo anglosajón – en el texto de   referencia “par excellence,” sobre normas, procedimientos y políticas de auditoría. Es también de notar que el primer pronunciamiento autoritativo sobre auditoría fue emitido en 1917 por el American Institute of Accountants – AIA (que se había fundado en 1887 como American Association of Public Accountants y cambiado a Institute of Public Accountants en 1916) y en él se hacia referencia a “auditorías de balances” (generales). Doce años después, en 1929, el AIA publica una revisión de ese pronunciamiento con el nombre de Verificación de Estados Financieros. (Obsérvese el cambio de “balances “a “estados financieros “, y la identificación del trabajo del auditor, como de “verificación”). No fue hasta 1936 cuando el Instituto emite el folleto Examen de los Estados Financieros por Contadores Públicos Independientes. (Adviértase los importantes cambios en las políticas de auditoría: el auditor no “verifica”, sino “examina”; y el profesional que ejecuta ese trabajo es el “contador público independiente”). Por otra parte, Paul Grady, socio de Price Waterhouse & Co. publica, en la segunda mitad de la década de los 30, el manual que consideramos más claro y mejor planeado de la que hoy los auditores “progre”- que también los hay – denominarían  “auditoría  financiera tradicional”  (enfrentándola   a las dudosas innovaciones contemporáneas): Audit Procedures, que aún posee innegable valor práctico, aunque sea desconocido, probablemente, en su propia firma y para la mayoría de los encargados de los programas de formación de las firmas auditoras de relumbre… y de las otras.

Nota B

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Orientaciones para los Auditores Independientes Previas al Examen de los Estados Financieros- Requisitos de Auditoría Independiente e Información Financiera Anual”. Washington D.C., 1974, preparadas por el  autor de este artículo mientras desempeñó la posición de Jefe de la Unidad de Auditoría de Proyectos del BID. Las “Orientaciones”, que incluían las series AF-100, AF-200 y AF-300, comenzaron a utilizarse desde principios de la década de los 60 y fueron refundidas posteriormente en un solo fascículo. El indicado en la referencia corresponde a la revisión de mayo de 1974. El BID fue la primera organización multilateral en exigir de los auditores independientes de las operaciones parcialmente financiadas por él, requisitos específicos de auditoría. Estos incluían – una novedad para la época – amplios comentarios sobre la adecuación de los sistemas de control interno, informe de auditoría operativa y gerencial y comentarios sobre la eficiencia y economía de las operaciones respecto al programa financiado.

Nota C

Banco Mundial (BM): “Pautas Mínimas Sugeridas para la Auditoría de Prestatarios, Entidades Ejecutoras o Intermediarias y Operaciones Financiadas por el Banco Mundial”. Washington D.C., 1990, preparadas por este autor cuando se desempeñaba como Especialista Principal en Gestión Financiera del BM. Moldeadas sobre la experiencia del BID, comenzaron a utilizarse en la Región Latinoamericana y del Caribe desde comienzos de la década de los 80 y, posteriormente, como complemento del “folleto azul,”: “NORMAS- Informes Financieros y Auditorías en Proyectos Financiados por el Banco Mundial”, Banco Mundial, Washington D.C., 1982. Las Pautas indicadas en la referencia corresponden a la versión revisada de septiembre de 1990, e incluyen como datos a observar en los informes a preparar por los auditores externos: una “Matriz de la Gestión Acumulada del Proyecto” examinado; una “Opinión sobre los Certificados de Gastos-SOE;” e instrucciones para la “Auditoría de las Importaciones Financiadas en Apoyo de Medidas Económicas “, novedoso enfoque para el examen de los Préstamos de Ajuste Estructural, Sectorial o de Políticas de Reformas que implican a la Balanza de Pagos del país beneficiario. Tanto las firmas privadas de auditores presentadas a la aprobación del BM por los prestatarios, como los Órganos Oficiales de Fiscalización y Control  (SAIs o ESFs) propuestos por los Gobiernos de los países beneficiarios, y aceptados por el BM – previa evaluación administrativa y técnica de los mismos – debían efectuar sus auditorías o fiscalizaciones de acuerdo con las Pautas Mínimas. El Banco Mundial decidió, a principios de la década de los 90,  abandonar la política de auditoría convencional externa para las operaciones de ajuste estructural.

Nota D

Dicho esto, no deja de ser gratificante que en países como – probablemente, entre otros – Suecia, la Gran Bretaña, Canadá y Australia, la preocupación por analizar y examinar el comportamiento ético de los gestores públicos – a los tres niveles convencionales de gobierno – esté plasmada, con diferentes grados de intensidad y apremio (si no en la legislación reguladora de la entidad fiscalizadora que la imponga obligatoriamente, como es el caso del país referido arriba) al menos en los manuales de trabajo e instrucciones dirigidas a los auditores por los respectivos órganos oficiales de control. Un caso  descollante en este  sentido es el del afamado “Yellow Book”, publicado por la no menos legendaria General Accountability Office, la reputada GAO, brazo fiscalizador del Parlamento de los EE UU. Este manual de auditoría pública financiera y de gestión es revisado y actualizado periódicamente desde su emisión inicial en 1972 , habiendo sido de nuevo actualizado en 2003 y 2007, y se ha convertido en referencia obligatoria en todos los países, tanto por su  calidad técnica indiscutible como por el enorme esfuerzo de “marketing” y, en ciertas ocasiones, no disimulada imposición, llevada a cabo por el gobierno y Parlamento norteamericano, y sus órganos de asistencia técnica internacional, en los países e instituciones tradicionalmente sujetas a su influencia política y financiera. Pues bien, el borrador de  la nueva actualización, del año 2010,  del Libro Amarillo – el de los suecos es azul y los demás países no han optado por ningún color en especial que, al fin y al cabo, es  lo de menos – se ha finalizado en mayo de 2011, con publicación final prevista para un par de meses después. El Manual sigue manteniendo una “perspectiva americana” de la auditoría pública, mientras se confirma de nuevo la insistencia tradicional de las firmas privadas de auditoría de ese país, y de su poderosa organización profesional, la AICPA, de aproximar lo más posible las normas de auditoría del Estado a las propias de la profesión privada (incluyendo las emitidas por el Institute of Internal Auditors, cuya definición actual de “auditoria interna” debería considerase a la luz de los “criterios de independencia” del auditor expuestos en el Libro Amarillo). Así, se incorporan en  la sección de dicho Libro relativa a las auditorías financieras – diferentes de las “de atestación “– las últimas normas de la Auditing Standards Board (ASB) y las de la PCAOB, la nueva organización de control de auditores,  subproducto de la Sarbanes -Oxly Act, a la que nos  referimos en el texto de este  artículo. Se ha remozado y mejorado la sección referente a la auditoria de gestión o de desempeño (que algunos denominan auditoría operativa u operacional, según en qué orilla del Atlántico esté situado el auditor). En dicha sección se  hace referencia específica – entre otras – a si el ente examinado ha utilizado sanas prácticas de adquisiciones y licitaciones; si el resultado de las actividades gubernamentales se logra dentro de costes razonables; si la medición de la gestión de los programas en términos de economía, eficiencia y eficacia y sus resultados, se realiza sobre bases confiables, válidas y sólidas; si se efectúa la evaluación de la fiabilidad, validez e importancia de las propuestas o solicitudes presupuestarias para ayudar a los legisladores en el estudio y aprobación de Presupuesto, etc. La cuestión ética no se refiere a pautas específicas para un “examen” o “auditoría ética” como tal, sino a hacer más explícitos los criterios éticos críticos que deben ser el fundamento de todas las fases y normas de la auditoria gubernamental: el interés público, la integridad, la objetividad, la correcta utilización de la información gubernamental, la utilización de los recursos públicos, y el comportamiento profesional.

Original: Banco Mundial, Washington, D.C., enero de 1992
Revisado: Miami FL, noviembre de 2007
Actualizado: Alcalá de Henares (Madrid), junio de 2011